¿Ha fallado el modelo de formación profesional para el Empleo?

Parece que en los últimos meses todos los medios de comunicación se han puesto de acuerdo para dilapidar el actual Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, sacando a la luz diversos casos de supuestos fraudes cometidos por diferentes integrantes de las distintas partes del modelo (sindicatos, patronales, entidades de formación …). El problema es que en esos medios no se molestan en clarificar las diferentes iniciativas existentes en el modelo, tratando a todos los que participamos en el mismo de igual forma y mezclando conceptos, es por ello que en este artículo quiero meditar en voz alta para aclarar algunos de estos conceptos.

El actual Subsistema de Formación Profesional para el Empleo está regulado por el RD 395/2007, de 23 de marzo, el cuál, en breve, va a cumplir 7 años de vigencia; no obstante, tenemos que remontarnos casi 30 años si queremos ver el origen de la Formación Profesional en este país. El punto de partida lo encontramos en 1984, cuando se firma el «Acuerdo Económico y Social», acuerdo por el cuál se plantea la necesidad de formar a los desempleados para favorecer su incorporación al mercado de trabajo. Como consecuencia, se estableció la «Cuota de Formación Profesional», una aportación realizada, tanto por trabajadores como por empresarios, para financiar las políticas activas de formación y empleo. Dicha cuota se corresponde con un 0,7% de la masa salarial bruta de todos los trabajadores que cotizan en Régimen General (0,1% se le retiene al trabajador y 0,6% lo aportan las empresas). Más tarde, en el año 1993 se firma el primer «Acuerdo Nacional para la Formación Continua», que origina la aparición del FORCEM (Fundación para la Formación Continua de los Empleados), propiciándose también, la formación profesional de los trabajadores activos.

En estos años, el modelo ha ido modificándose y madurando, el FORCEM, inicialmente constituido por patronal y sindicatos, se transforma en 2001 en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (FTFE), con la entrada del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la dirección de la misma, como medida para aumentar la transparencia de las gestiones realizadas de los fondos de formación. Poco después, la formación continua se subdivide en diversas iniciativas; unas gestionadas mediante subvenciones, la «Formación de Oferta», en al que Sindicatos y Patronal, gestionan planes de formación para trabajadores ocupados y desempleados; y otras gestionadas mediante bonificaciones, la «Formación de Demanda», en la que las empresas pueden recuperar lo que cotizaron en formación profesional para minorar total o parcialmente los costes de sus planes de formación, mediante bonificaciones en la Seguridad Social.

Actualmente, el Subsistema se financia con aproximadamente 2.000 Millones de Euros, en su mayoría procedentes de la «Cuota de Formación Profesional», aunque pequeñas partidas también son aportadas por el Fondo Social Europeo y el propio Estado. Tomemos como referencia el último año cuyos datos ya se han publicado, el año 2012. En este año, la CFP recaudada durante el año anterior, aportó  1.890 Millones de Euros (el 87,7% del presupuesto), el FSE 99 Millones de Euros (4,6%) y el Estado 166 Millones de Euros (7,7%).

Una vez que tenemos claro que la mayor parte del dinero lo ponemos entre todos, ni Europa ni el Estado, sino lo trabajadores y los Empresarios, vamos a ver a dónde va a parar este dinero y cómo se usa. Como comentaba anteriormente, debemos diferenciar dos modalidades de «cursos de formación», los subvencionados y los no subvencionados. Vamos a comenzar tratando los segundos, los que se incluyen bajo la iniciativa de la Formación de Demanda, también conocida como «Bonificada».

La Formación de Demanda es una de las iniciativas recogidas por el RD 395/2007,de 23 de marzo, y desarrollada posteriormente por la Orden TAS 2307/2007, de 27 de julio. Esta iniciativa contempla dos modalidades, las «Acciones Formativas en las Empresas» y los «Permisos Individuales de Formación». La primera modalidad está encaminada a favorecer que las empresas formen a sus trabajadores en aquellas necesidades específicas que le permitan adaptarse a los continuos cambios del mercado, favoreciendo un tejido empresarial más eficiente y competitivo. En esta modalidad es la empresa la que determina cuáles son sus necesidades formativas, cuál es su «demanda» formativa específica, buscando proveedores de formación que le den soluciones específicas a dichas demandas, las cuales les facturan por sus servicios, de forma privada y, posteriormente, la empresa recupera parte de los costes invertidos en formación mediante un sistema de bonificaciones en el pago de los Seguros Sociales. La segunda modalidad, los PIFs (Permisos Individuales de Formación) están orientados a favorecer que los trabajadores puedan seguir formándose en intereses personales, no relacionados con la actividad o interés de la empresa, siempre y cuando dicha formación sea oficial y/o acreditada y se realice en jornada laboral. En esta segunda modalidad, la empresa permite la asistencia del trabajador a esa formación objeto de su interés porque se bonifica, con unos límites, el coste salarial de las horas de ausencia de ese trabajador a su puesto de trabajo.

Esta iniciativa de Formación de Demanda, que no se cursa mediante «cursos subvencionados», pero que constituye una parte importante del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo, recibió en 2012, 592 Millones de euros (un 27,48% de los fondos), con esta aportación se formaron 3.176.789 trabajadores y 459.620 empresas. Seguro que en esos más de tres millones de trabajadores formados, habrá personas que pensarán que la formación recibida no ha sido la que esperaban y que hay aspectos que se pueden mejorar, porque siempre hay cosas a mejorar; pero lo que está claro es que si para el 85% de los encuestados, la formación ha sido importante para la adquisición de conocimientos y competencias y para el 71%, para su desarrollo personal, según los datos publicados por la FTFE, esta iniciativa del Modelo de Formación Profesional para el Empleo NO HA FALLADO.

¿A dónde se destinan los otros 1.564 Millones de Euros?

Si nos fijamos en los datos presentados en la siguiente imagen, la mayor parte de los fondos, 1.204 Millones de Euros, son destinados a políticas activas de empleo y formación de trabajadores desempleados, que en gran parte (el 52,56% de esta partida) son gestionados por las Comunidades Autónomas, que tienen transferidas parte de las competencias en esta materia. 294 Millones de Euros se destinan a Formación de Oferta de trabajadores en activo (el 38,75% gestionado también por las CCAA y el 61,25% por la FTFE a nivel Estatal) y, por último, 64,3 Millones de Euros  son destinados a la formación de los funcionarios y trabajadores de las empresas públicas acogidas a acuerdos con el INAP.

La Formación de los trabajadores desempleados y la de los trabajadores ocupados se gestiona mediante «convocatorias subvencionadas» en las que participan Organizaciones Sindicales, Asociaciones representativas de Empresarios y Entidades de Formación Acreditadas y, gracias a ellas se han formado otros tanto millones de españoles.

Por tanto y aunque es cierto que existen casos de uso indebido de estos fondos, si comparamos los importes de los casos denunciados con las cifras aquí expuestas, podemos afirmar con rotundidad que son casos puntuales, aunque suenen alto y hagan mucho ruido mediático.

Está claro que tras casi treinta años de modelo,  son necesarios cambios, ya nos lo aventuró Mariano Rajoy en el debate sobre el estado de la nación «se hace necesaria una reforma integral de un sistema que debe jugar un papel esencial en la creación de puestos de trabajo, reforma que se regirá por los princípios de transparencia y libre concurrencia y que estará sometido a una evaluación permanente de los resultados, para garantizar que cumple con sus objetivos«. No obstante, y en mi humilde opinión, tras analizar estos números y los resultados de las encuestas publicadas por la FTFE, se hace más importante que se produzcan «cambios en el modelo y no un cambio de modelo», tal y como ha expuesto Alfonso Luengo, director gerente de la Fundación Tripartita, en diversas conferencias y entrevistas. Cambios que traigan además seguridad jurídica y etabilidad para los que participamos del mismo, ya que en este sector hay muchos profesionales que trabajan creyendo firmemente que su labor es importante para la Sociedad.