De la Formación de Demanda a la Formación Programada por las Empresas

Esto nos ha llevado, a los profesionales del sector, a una situación de extrema y continua incertidumbre, la cual lleva durando ya más de un año; porque como dice un amigo, «Ser empresario es levantarse todos los días asumiendo riesgos, el problema es cuando trabajas en un sector en el que te enfrentas a una inseguridad jurídica, no sabiendo si mañana podrás seguir ejerciendo tu actividad profesional».

Como todos los medios de comunicación ya están publicando sus respectivos artículos en los que se nos explican, quizás con una oratoria más elaborada, las claves de este «nuevo» modelo de Formación Profesional, en este post he preferido centrarme en aquellos aspectos que, más allá de los hitos importantes que son la «concurrencia competitiva», el Cheque Formación o la posibilidad de acceder directamente a la Oferta formativa de la Administración, nos preocupa a aquellos profesionales que nos dedicamos a formar a empresas y trabajadores. Cuestiones éstas que afectan a nuestras decisiones empresariales, intenciones de contratación y planteamientos en cómo invertir nuestros esfuerzos y nuestro capital. Temas como: ¿podré seguir gestionando la formación de mis clientes?, ¿Tendré que ser una entidad acreditada o inscrita, aun cuando la formación que imparto no sea conducente a la obtención de ninguna acreditación oficial?, ¿Qué pasará con la formación de las micropymes?, ¿Desaparecen los 420 €?, ¿Desaparece la formación a distancia? …

En los diferentes borradores que en este último año han circulado, así como en las reuniones de la «Mesa de diálogo Social», se han ido planteando diferentes escenarios, algunos de ellos muy distantes entre sí que nos han mantenido dentro de una montaña rusa con continuas bajadas y subidas, intercaladas con tiempos de absoluta calma, en los que la falta de información nos generaba una terrible desazón, porque tan malo es no tener noticias como estar bombardeados por miles de ellas.

Sin más preámbulos, procederé a explicar de forma sencilla, qué cambios se plantean en este borrador y que están relacionados, algunos directamente con la formación a las empresas y otros, al afectar al modelo de forma global, de forma indirecta, pero no por ello con menos importancia.

1º. ¿Siguen las empresas disponiendo de una iniciativa para formar libremente a sus trabajadores en aquellas acciones formativas objeto de su interés?

Sí, TODAS las empresas que cotizan en formación profesional, independientemente de su tamaño, van a seguir contando con un crédito formativo para la formación de sus trabajadores en aquellas acciones formativas que sean adecuadas a sus necesidades formativas reales, inmediatas y específicas de éstas y de sus trabajadores. Este crédito se utilizará para minorar los costes incurridos en la formación de sus trabajadores mediante bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que no tendrán carácter subvencional.

Por otro lado, el borrador deja abiertas nuevas incorporaciones al modelo, al introducirse en el artículo 7, que habla de la financiación del sistema, un texto que dice: «De la misma manera, y al objeto de garantizar la universalidad y sostenimiento del sistema, éste se podrá financiar con cuantas cotizaciones por formación profesional pudieran establecerse a otros colectivos beneficiarios en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio.». Texto que parece abrir la puerta a la esperada participación de los autónomos en el sistema.

Otro cambio importante lo introduce el artículo 10.4 al hablar del crédito del grupo de empresas: «En caso de pertenecer a un grupo de empresas, cada empresa podrá disponer del importe del crédito que corresponda al grupo, conforme a lo establecido en el párrafo anterior, con el límite del 100 por cien de lo cotizado por cada una de ellas en concepto de formación profesional.»

2º. ¿Cómo se gestiona esa formación?, ¿Desaparece la figura de Entidad Organizadora?

En este sentido, el presente borrador (que te puedes descargar en el pie de este post) establece dos modelos de gestión diferentes, recogidos en el artículo 13:

– Autogestión: Las empresas pueden organizar su propia formación. Además, en el caso de los «Grupos de Empresas», cualquiera de las empresas del grupo podrá organizar la formación de los trabajadores del grupo por sí misma.

– Gestión externalizada: Las empresas podrán encomendarse a organizaciones empresariales o sindicales, a estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva o a otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas.

Por tanto, no desaparece la figura de Entidad Organizadora, como algunas entidades -de manera desacertada- han ido informando. Las empresas podrán seguir optando por contratar los servicios de profesionales que dominen la normativa y sepan gestionar con rigurosidad la formación de sus empleados. Cierto es que la valoración de la bonificación de estos servicios se ve claramente afectada, ya que las empresas sólo se van a poder bonificar, en concepto de costes de organización, un máximo del 10% de los costes totales de la acción formativa (subiendo este porcentaje al 15%, en el caso de las empresas de 6 a 9 trabajadores, y al 20%, en el caso de las empresas de 1 a 5 trabajadores).

Este cambio en los porcentajes de gestión bonificables entrará en vigor en las acciones formativas de las empresas cuyo inicio se comunique a partir de la publicación de este Real Decreto-Ley.

Un cambio novedoso e importante que se produce en este contexto radica en el hecho de que en el caso de que una empresa contrate los servicios de una Entidad Organizadora, será ésta la que tenga que contratar directamente los servicios de las entidades de formación que vayan a dar el servicio de impartición de la formación de sus clientes, cuando no sean ellas mismas las que ejecuten la formación. Es decir, que en el caso de que una empresa encomiende la organización a una entidad externa, la empresa abonará el total de los servicios (organización e impartición) a la entidad gestora y ésta, la que contratará y pagará a la ejecutora, caso de no ser ella misma.

Sin embargo, cuando la empresa opta por el modelo de «autogestión», podrá formar a sus trabajadores empleando para ello medios propios o bien recurriendo a su contratación.

3º. ¿Tengo que estar acreditado y/o inscrito para gestionar la formación de una empresa?, ¿Y para impartirla?

La respuesta a estas preguntas es un poco más compleja, ya que depende.

Si nuestra actividad profesional consiste exclusivamente en gestionar la formación de nuestros clientes y no participamos directamente con nuestros medios propios en la formación de los mismos, la respuesta es NO, no tenemos que ser una entidad acreditada y/o inscrita. Aunque sí es cierto que en este modelo de gestión, seremos los responsables de contratar directamente a entidades acreditadas y/o inscritas que lleven a cabo la ejecución de la formación de nuestros clientes.

Si nuestra actividad empresarial consiste en ejecutar la formación de nuestros clientes, es decir en impartir, la respuesta vuelve a ser: depende. En el caso de que nos contrate directamente una empresa que ha optado por el modelo de autogestión, no tendremos la obligación de ser entidades acreditadas y/o inscritas, a no ser, obviamente, que se nos haya contratado para impartir formación conducente a la obtención de un certificado de profesionalidad, caso en el que, obligatoriamente, deberemos estar acreditados para impartir dicho certificado, en la modalidad en la que se nos solicita.

Por otro lado, en el caso de que seamos contratados como Entidad Formadora por una Entidad Organizadora, en el modelo de gestión externalizada, sí que tendremos que ser obligatoriamente una entidad acreditada y/o inscrita, ya que en el artículo 10 se establece que «las empresas podrán optar por encomendar la organización de la formación a una entidad externa conforme a lo previsto en el artículo 13. En este caso la impartición de la formación se realizará por una entidad formativa acreditada y/o inscrita en el registro de entidades de formación habilitado por la Administración pública competente a que se refiere el artículo 16.»

Por supuesto, en el caso de que queramos ser, al mismo tiempo, Entidad Organizadora y Entidad Formadora, entonces tendremos que estar obligatoriamente acreditados y/o inscritos. Por tanto, en la práctica, salvo determinadas excepciones, la mayor parte de los proveedores del sector van a tener que pertenecer al Registro Estatal de Entidades Acreditadas y/o Inscritas para seguir ejerciendo su actividad.

4º. ¿Cómo deben ser las acciones formativas? y ¿En qué modalidades se pueden impartir?

Como comentábamos anteriormente, las acciones formativas que se desarrollen bajo la iniciativa de Formación Programada por las Empresas, deben ser adecuadas a sus necesidades formativas reales, inmediatas y específicas, tanto de éstas, como de sus trabajadores.

Una novedad importante es que estas acciones formativas van a pasar de tener una duración mínima de 6 horas que poseen en el modelo actual (4 horas en ciertos módulos transversales), a una duración mímina de 1 hora, con la idea de flexibilizar al máximo las necesidades formativas de las empresas. Esta novedad tendrá su entrada en vigor en las acciones formativas de las empresas cuyo inicio se comunique a partir de la publicación de este Real Decreto-Ley.

Obviamente, no podrán considerarse como acciones formativas las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el desarrollo de un proceso de formación.

En cuanto a las modalidades formativas, como ya venía anunciándose en los anteriores borradores, el artículo 15 establece que «la formación profesional para el empleo podrá impartirse de forma presencial, mediante teleformación, o bien de forma mixta, mediante la combinación de las dos modalidades anteriores.» Por tanto, definitivamente desaparece la formación a distancia tradicional, aunque al contrario de lo que vienen malinformando algunas entidades privadas con claros fines comerciales y alarmistas, la entrada en vigor de esta desaparición no será hasta el 1 de enero de 2016,  por lo que tenemos casi 9 meses para que el sector (y las empresas) nos adaptemos a este cambio y podamos decidir con tranquilidad cuáles son las mejores opciones que el mercado puede ofrecernos.

Este cambio en la duración mínima de las acciones formativas también entrará en vigor en las acciones formativas de las empresas cuyo inicio se comunique a partir de la publicación de este Real Decreto-Ley.

5º. Cofinanciación y Módulos económicos.

Otro cambio que afecta a las formación en las empresas es la obligación de participar con fondos propios en la formación de sus trabajadores, independientemente de su tamaño, cosa que en la actual situación no es así, ya que las empresas de 1 a 9 trabajadores estaban exentas de la obligación de cofinanciación privada. Estas micropymes deben asegurar un mínimo de un 5% de aportación privada a la hora de bonificarse la formación que reciben para sus trabajadores.

En cuanto a los módulos económicos, este borrador, al igual que los anteriores, nos marca un cambio importante en la determinación de los módulos económicos, es decir, del «coste por participante y hora de formación que podrá ser objeto de financiación», al establecer su regulación a través de una Orden Ministerial específica en la que se fijarán dichos módulos económicos de forma independiente, atendiendo a los siguientes parámetros:

– La modalidad de impartición (presencial o teleformación).

– La especialidad formativa incluida en el Catálogo de Especialidades formativas, según los precios de mercado, su singularidad, especialización y características técnicas.

Estos módulos serán objeto de actualización periódica, estableciéndose unos módulos económicos máximos que regirán a aquellas especialidades no clasificadas.

6º. ¿Desaparecen los 420 €?

Bueno, en este sentido, no creo que ya nadie tuviera dudas sobre la eliminación de este «crédito mínimo» institucionalizado en los últimos 10 años, en la formación de las empresas de 1 a 9 trabajadores. Crédito que se dispuso para favorecer la participación de las micropymes en el modelo y que a raiz de los abusos, fraudes y malas praxis que una parte del sector ha venido realizando, llevó a la presentación de la famosa enmienda 3.444  a los PGE 2014, presentada el 4 de Noviembre de 2013, que eliminaba esta cantidad mínima y que finalmente no llegó a término.

En este Real Decreto-Ley se establece que aunque sí que existirá un crédito mínimo para las pequeñas empresas, éste estará en concordancia con el número de empleados que posea, no estableciéndose una cantidad fija mínima.

Obviamente, ésto nos afecta a partir del próximo ejercicio presupuestario.

7º. Régimen Sancionador.

He dejado para el final, de este primer post en referencia al nuevo modelo, el tema que considero más nos afecta  y que mayor importancia posee.

Hasta la fecha, las empresas beneficarias de la bonificación han sido las únicas responsables de cualquier incidencia que se puediera haber detectado durante los procesos de seguimiento y conciliación de crédito, siendo solo ellas las que tenían que devolver unilateralmente el crédito dispuesto; independientemente de quién hubiera cometido el error: la Entidad Organizadora en la gestión, la Entidad Impartidora en la ejecución, la Asesoría o del Departemento Laboral en la aplicación de las bonificaciones, o las mismas empresa beneficiarias en la contabilización y pago. Ésto ha favorecido que al sector hayan llegado «advenedizos, intrusos y temporeros» que no han tenido ningún reparo en realizar malas praxis, ofreciendo regalos, servicios encubiertos… que han llevado a un empobrecimiento de la imagen que la sociedad tiene de la formación.

Con ese objeto, entre otros, este Real Decreto-Ley estable un severo régimen sancionador, que ocupa 8 de las 55 páginas del mismo, en el que se establecen responsabilidades solidarias entre las empresas beneficiarias, las entidades organizadoras y las empresas de formación, por lo que tendremos que prestar una gran atención al estudio de dicho régimen sancionador y a la creación de la Unidad especial de Inspección que se va a establecer dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para determinar claramente cómo debemos llevar a cabo nuestra actividad y qué responsabilidad tienen cada uno de los actores del modelo.

Espero que este post haya servido para aclarar a algunos ciertas dudas que en estos días me vienen planteando y, os invito a asistir a los Cursos Técnicos que impartimos por toda España donde tratamos con más detalle estos y otros aspectos del proceso de gestión de la Formación Programada por las Empresas.